Sobrevivir en tierra de nadie

Ciento veintiséis mineros asturianos fueron deportados a otras provincias en un intento de la dictadura por dejar sin líderes a un movimiento obrero fortalecido tras la huelga del 62

La «huelgona» de 1962 se dio por finalizada una vez que los obreros consiguieron una serie de beneficios sociales y salariales. Sin embargo, poco después de su conclusión, el descontento por la mala aplicación de estos avances provocó una nueva huelga, en el mes de agosto. La dictadura intentó sofocar el paro de forma expeditiva, deportando a los líderes mineros de cada pozo y a aquellos obreros «subversivos» que ya estaban «fichados». En total se desterró a 126 personas, que fueron a parar a algunas de las zonas más pobres de España. La situación duró 15 meses.

Los regímenes totalitarios siempre han recurrido a la represión para acallar las voces que critican sus actos. La persecución policial a las familias, la cárcel o las palizas son algunos de los métodos que las dictaduras han utilizado contra sus críticos. Una de las formas más duras de represión es la deportación: alejar al «elemento subversivo» de su lugar de origen llevándolo a un sitio, sin familia, sin amigos, sin apoyos, donde apenas tenga oportunidades para salir adelante. Esto fue lo que les ocurrió a 126 mineros asturianos, deportados tras la segunda gran huelga de 1962. Eran algunos «cabecillas» del movimiento obrero asturiano, otros eran hombres «fichados» por la justicia «no por ser delincuentes, si no por luchar por derechos legítimos que hoy recoge la Constitución». El exilio forzado duró quince largos meses, entre agosto de 1962 y noviembre de 1963, cuando, tras otra serie de paros, los mineros consiguieron que sus compañeros retornaran a sus casas.

La deportación fue el método utilizado por el régimen franquista para intentar que la segunda gran huelga del 62 fracasase: la dictadura pensó que, si se «extraían» a los líderes obreros de su lugar de trabajo, el resto de mineros dejaría de protestar. El segundo gran paro de este año se originó a causa del incumplimiento de una de las promesas a las que se comprometió el Gobierno tras la primera huelga, que concluyó en el mes de junio: el pago de 75 pesetas por tonelada de carbón extraída a los trabajadores. En agosto, los mineros comenzaron a hartarse de que esta cantidad, que podía ayudar a completar su salario, no repercutiese en quien sacaba el carbón.

«La mayor parte del dinero se quedaba por el camino», relata Vicente Gutiérrez Solís, actual presidente de la Federación de Vecinos de Langreo y uno de los obreros deportados tras la «huelgona». «Se lo quedaban entre capataces, vigilantes y gente del Sindicato Vertical. Al final el trabajador no veía ni un duro», indicó Gutiérrez Solís. Los 126 obreros fueron deportados a varias regiones, por lo general, de las más pobres del país en aquella época: Lugo, Zamora, León, Valladolid, Soria, las provincias extremeñas, Andalucía, «donde encontramos la solidaridad de la gente más humilde».

Las huelgas del 62 supusieron la primera gran contestación de la sociedad civil contra la dictadura franquista. «Toda una generación», según Avelino Pérez, que permaneció en el exilio desde el 62 al 75, «hijos de vencidos y también de vencedores de la guerra civil demostramos de la dictadura que no tenía futuro. El único camino era la democracia».

«Pedíamos trabajo fuera, pero en cuanto sabían que éramos deportados nos decían que no»
«Cuando había huelga acababa en la cárcel», asegura Luis Vázquez, de Mieres

Luis Vázquez salió un día de abril de 1962, junto a otros 25 compañeros del pozo Barredo, de Mieres, en dirección a una cárcel de Valladolid, allí pasó 27 días. Su «pecado», según recuerda, era haber sido uno de los cabecillas en las huelgas mineras de ese año. En la capital castellana se encontró con otros 95 compañeros asturianos. Vázquez conserva una gran memoria a sus 86 años. Uno de sus recuerdos más nítidos son los días que pasó fuera de su casa por reivindicar «lo que nos correspondía». «Tan sólo queríamos que se redujeran las horas de trabajo, de ocho a siete, y que se nos incrementara el precio de la rampa», apunta.

A pesar de todo, asegura que «había muchos compañeros muy temerosos, que hablaban mucho antes de iniciarse las movilizaciones, pero que cuando comenzaban se echaban para atrás». Tras su «viaje» a Valladolid, Vázquez regresó a Asturias, pero la historia volvía a repetirse unos meses más tarde, concretamente, el 6 de septiembre de 1962. Ese día, el minero mierense, tras participar en una gran movilización, fue de nuevo encarcelado por la Guardia Civil. «Hasta el 4 de mayo de 1963 no volví a casa. Durante ese tiempo estuve cuatro meses en Cuenca y otros tantos en León, en ésta última ciudad junto a otros compañeros pedimos en varias ocasiones trabajo, pero en cuanto se enteraban de que éramos deportados asturianos nos decían que no», señaló. El culpable de sus encarcelamientos durante esos años fue su capataz, según cree. «Me quería muy mal, cada vez que había una huelga yo acababa en la cárcel». La última vez que regresó a Asturias, a su puesto de trabajo, la situación había cambiado mucho. «Me mandaron a los relevos y a conservar pozos, cuando tenía la categoría de posteador, y en el primer mes de paga me quitaron 4.000 pesetas de la nómina, pero en esa época no se podía hablar», afirma. Hace apenas un mes, se encontró en un bar de Mieres con el que había sido su capataz durante aquellos años. El minero, que se jubiló en 1971, no quiso ni hablar con su jefe, a pesar de que éste último sí intentó acercarse. «Parece que no se acordaba de lo que me había hecho pasar», sentenció.

«Dispararon y perdí el culo corriendo, luego me tiré al río para escapar»
Avelino Pérez huyó del cuartel de la Guardia Civil de Sama y permaneció trece años exiliado en Toulouse (Francia)

«Sabía que era el último del comité al que habían detenido y tenía la certeza de que me iban a moler en el cuartel. Por eso, en cuanto me quitaron un momento las esposas, tiré a los dos guardias y empecé a correr. Fue el instinto de supervivencia». Así relata Avelino Pérez, ex diputado regional e histórico socialista langreano, su fuga del cuartel de la Guardia Civil de Sama en la madrugada del 1 al 2 de mayo de 1962. La historia de su fuga comenzó ese día, pero no finalizó hasta las Navidades de 1975, cuando, animado por la muerte de Franco, se decidió a volver a España después de 13 años en el exilio francés. Pérez no fue uno de los obreros deportados en agosto de 1962, pero lo hubiera sido de no haber escapado, ya que era uno de los «fichados» por la dictadura.

«Formaba parte de uno de los dos comités que tirábamos propaganda durante la huelga», recuerda Pérez. Junto a él, otros dos mineros, Luis Fernández y José Luis Fernández, y dos albañiles, Florentino Vigil y Ramón García. «La huelga no era sólo cosa de la mina, era algo de todos», recuerda el histórico socialista langreano, que cuando estalló la huelga trabajaba en el pozo Venturo. «Teníamos los aparatos de impresión en El Ceacal, en Tuilla», continúa. Todos ellos sabían que tenían sus domicilios vigilados para que el día que regresasen pudieran ser detenidos. Pese a ello, Avelino Pérez volvió a su casa. «Mi mujer estaba embarazada de siete meses», rememora. En ese momento la Guardia Civil lo atrapó y se lo llevó al cuartel de Sama, situado en la calle Dorado. «Mi esposa y mi suegra quisieron esconderme, pero preferí salir, para que ellas no pagaran por mí», afirma Pérez. En cuanto le quitaron las esposas logró escapar, iniciándose una peligrosa persecución que duró dos días.

«Eché a correr cuanto pude. Entonces oí que disparaban por detrás y entonces sí que perdí el culo corriendo. Llegué al parque de Sama y allí salté una verja que había. Los guardias iban bastante atrás», relata Avelino Pérez. Entonces, cuando parecía que iba a poder despistar a sus perseguidores, se encontró cara a cara «con los grises», que estaban patrullando. «No me lo pensé dos veces y me tiré al río», a la altura de lo que hoy en día es la calle Cervantes. «Había una riada bastante gorda. Siempre había sido un buen nadador, pero era demasiado». Por eso decidió refugiarse en la desembocadura del colector que viene de la zona de Modesta. «Los guardias bajaron a buscarme con linternas, pero no me encontraron. El hedor era insoportable».

Pérez aguardó a que la búsqueda cesase para lanzarse definitivamente al río. «Suponía que me iban a seguir buscando por allí. Por eso me dejé llevar por la fuerte corriente, para alejarme». A la altura del pozo Fondón logró salir del agua. Tenía un destino claro en su cabeza: la zona de la Güeria Carrocera, donde tenía amigos y compañeros que lo ayudarían. «Tardé día y medio en llegar a la Güeria por el monte», afirma Pérez, «iba calado del todo. El catarro me duró mucho tiempo». Tras mes y medio escondido en una casa de Les Felechoses, pudo emprender viaje a Erandio (Vizcaya). Allí, el que fuera secretario general de los socialistas vascos, Ramón Rubial, lo acogió un mes, «hasta que tuve preparados los papeles y un guía para pasar a Francia», Pérez tardó cinco años y medio en ver a su hija pequeña y permaneció, hasta 1975, en Toulouse, trabajando de escayolista.

El retorno no fue fácil, pese a que Franco ya estaba muerto. «Pasé la frontera sin problemas y celebré las Navidades en familia. El día 27 fui a la Policía para evitar problemas y me confiscaron toda mi documentación, pero gracias a Gregorio Peces Barba» (que acabó siendo uno de los ponentes de la Constitución) «pude recuperarla». «Estoy orgulloso de estar donde estuve porque fue una forma de luchar por la democracia», concluye. [José Luis Salinas]

«Pasamos hambre y mucho frío, pero recibimos la solidaridad de la gente»
Vicente Gutiérrez estuvo desterrado en Soria y en León, donde «quisieron agotarnos económica y físicamente»

«Llegamos de vacío y vivimos gracias a la solidaridad de la gente, personas que apenas tenían nada y que lo compartían todo con nosotros». Así recuerda Vicente Gutiérrez Solís su estancia en Soria como deportado por el régimen franquista. Este histórico militante del Partido Comunista, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo, afirma que los desterrados «pasamos mucha hambre, frío y el acoso de la Policía. Pero recibimos el cariño y la solidaridad de la gente».

La deportación no fue la primera medida represiva que sufrió Gutiérrez Solís. Ya en el año 1960 le metieron en la cárcel, cuando trabajaba en Carbones de La Nueva. Tras salir en libertad, participó en las movilizaciones de la primavera del 62. Cuando la huelga se reanudó, «cambiaron de táctica. Nos apresaron y estuvimos en comisaría varios días. Luego fuimos deportados». Gutiérrez Solís recuerda que «éramos 126. Llevaron a gente a muchas zonas distintas, sin avisar a las familias, que no sabían donde estábamos». En su caso, la provincia a la que fue trasladado fue Soria. «Por aquel entonces era una de las zonas más pobres de España».

El viaje, «en un camión de carga», duró dos días. Junto a él iban otros once mineros. Al llegar «lo primero que hicieron fue registrarnos "en condiciones"». Luego, «nos dijeron que debíamos presentarnos en comisaría dos veces al día». ¿Y después? «Nada. Nos soltaron con lo poco que llevábamos y nos dijeron que nos las arregláramos». Según Gutiérrez Solís, «a partir de ese momento recibimos la solidaridad enorme de las gentes de Soria». Encontraron alojamiento en la barriada del General Yagüe. «Dormíamos tres o cuatro en cada habitación». Una vez encontraron un techo en el que cobijarse, el siguiente objetivo era «encontrar empleo». «Trabajamos en una fábrica de tejas, también en distintas obras», recuerda. Entonces «pudimos ir devolviendo a la gente que nos acogió parte de lo que nos prestaron». Sus familias, desde Asturias, también enviaban algunos víveres. A los seis meses de estar en Soria, y tras entrar en comunicación todos los deportados, se planteó al Gobierno la petición «de que nos reagruparan».

La unión de los desterrados se hizo efectiva en la provincia de León. En la provincia vecina recibieron la ayuda de muchas familias conocidas de Asturias. «Vivimos en casas que utilizaban para ir de veraneo, aunque algunas hubo que alquilarlas». En León la exigencia inicial de presentarse dos veces al día en comisaría se rebajó a una. «Estábamos controlados, la situación era muy precaria. Las autoridades se movían para impedir que pudiésemos encontrar trabajo. Querían agotar económica y físicamente a la gente. Había familias con hijos que se mantenían gracias a la ayuda de los compañeros», afirma el presidente de la Federación de Vecinos. «Fue un período de mucho sufrimiento». En 1963 la presión popular logró que se admitiese su vuelta a casa. Era el 30 de noviembre. Lo que no se pudo lograr fue la readmisión en sus trabajos. «Algunos volvieron, otros no». Gutiérrez Solís, junto con algunos otros, no pudieron volver a trabajar hasta 1978, con la llegada de la democracia.

[Semeya: Un grupo de mineros deportados por la huelga de 1962, en León, donde se reunieron tras los seis primeros meses de destierro.]

Luisma Díaz


Publicado en: La Nueva España, 3 de abril de 2007.
Fuente: La Nueva España.