Las decisiones soberanas del "Gobiernín"

Trasladaron a 500 presos a un barco cárcel en El Musel, donde la aviación franquista atacaba a la flota republicana

El Consejo Soberano de Asturias y León, despreciado por Azaña como «Gobiernín», tomó medidas militares y de orden al final de una guerra que acababa para Asturias. Mañana, en la última entrega, se bosquejará la figura de Rafael Fernández, único protagonista vivo del Consejo Soberano y testigo de su constitución.

El Consejo Soberano de Gobierno de Asturias y León, que se había independizado como tal del Gobierno de la II República el 24 de agosto de 1937 -hace ahora 70 años- era calificado despectivamente de «Gobiernín» por el presidente Manuel Azaña, varias veces, en sus «Diarios de guerra», con su frecuente y contundente tono de superioridad.

Azaña repite el calificativo cuando retrospectivamente repasa los sucesos asturianos. Lo hace en las páginas de sus cuadernos el día 4 de noviembre de 1937, jornada en la que recibe al coronel Adolfo Prada, que el día 25 de agosto había sido nombrado por el referido Consejo Soberano jefe del Ejército del Norte, en sustitución del general Gamir. Asturias y, en definitiva, el frente Norte habían caído el 21 de octubre anterior.

Comenta Azaña que «del Gobiernín Prada dice pestes. El más señalado era Belarmino Tomás, enteramente sometido a la CNT. La política que se seguía allí servía para fabricar fascistas. En Gijón, incautándose del pequeño comercio, de las pequeñas propiedades, etcétera, han logrado hacerse odiosos. Encarcelaba a niños de 8 años porque sus padres eran fascistas y a muchachas de 16 o 18 años, sobre todo si eran guapas».

Estas inmisericordes afirmaciones de Azaña han de leerse a la luz del desprecio que el político de Izquierda Republicana sentía hacia el socialista Belarmino Tomás. Prueba de alguna de las distorsiones reflexivas de Azaña es lo que agrega ese mismo día en su diario: «A pesar de las advertencias del coronel Prada, el "Gobiernín" no quería creer que en Asturias hubiese quinta columna. Belarmino contestaba: "En Asturias, la roja, no hay fascistas". El sangriento equívoco de la rojez de Asturias estaba dando sus últimos frutos».

Sin embargo, y junto al temor a las deserciones, el quintacolumnismo, o resistencia interna de los partidarios del alzamiento nacional, era una de las principales preocupaciones del Consejo Soberano presidido por Tomás.

Prueba de ello son las medidas adoptadas el día 27 de agosto por la Consejería de Justicia y Orden Público -de la que era responsable el consejero Rafael Fernández-, las cuales suponen una vida militarizada para toda la población. Se impone el toque de queda a las 10 de la noche, se restringe la circulación de vehículos, se prohíbe la tenencia de radios y se controlan propaganda, mítines y manifestaciones de cualquier colectivo.

Sobre el nerviosismo imperante y el pavor quintacolumnista cuenta el ministro de Gobernación de la República, el socialista Julián Zugazagoitia (en su obra «Guerra y vicisitudes de los españoles») que «constaba positivamente que las autoridades asturianas habían caído, tras la pérdida de Santander, en un nerviosismo sobremanera peligroso». Narra un caso el político y periodista, acerca del desfile militar en Avilés en honor a la brigada «Carrocera», la del anarquista Higinio Carrocera, que en torno a agosto y septiembre de 1937 realizaba una brava resistencia en el oriente asturiano al avance nacional.

«Asistían a la parada, desde el balcón del Ayuntamiento, Belarmino Tomás, Segundo Blanco y los militares Prada, Galán, Ibarrola y Ciutat. Desfilando, a uno de los soldados se le desprendió del cinturón una bomba que hizo explosión y produjo varias desgracias. Belarmino Tomás atribuyó el hecho a una mano criminal; sin poder contenerse, desenfundó su pistola y, con boca espumosa, a grandes voces, se hizo oír en medio del tumulto: «Conocemos la maldad de nuestros enemigos, a los que estamos dispuestos a no perdonar. Este atentado tampoco quedará impune». Hubo tiros y víctimas, pues «el arco estaba demasiado tenso y se disparaba con la máxima facilidad», agrega Zugazagoitia.

En el marco de esta tensión, se había producido días antes la más llamativa decisión del Consejo Soberano: apelar a la Sociedad de Naciones como si Asturias fuera un Estado. Se trataba, cuenta Zugazagoitia, de un «telegrama a la Sociedad de Naciones anunciándole que, de continuar los ataques aéreos a Gijón, el Consejo daría orden de ejecutar a todos los presos políticos».

El ministro agrega que «el conocimiento de esta notificación hecha a Ginebra dejó al Consejo de Ministros de la República sin habla. Prieto se descompuso y reaccionó con su habitual viveza. Los comunistas, que se sentían desestimados en Asturias y contra la composición de cuyo consejo no cesaban de protestar, expresaron su irritación con palabras violentísimas».

El Consejo Soberano decide el 29 de agosto crear una prisión flotante en el puerto de El Musel, donde las agresiones aéreas nacionales contra la flota republicana allí amarrada eran continuas.

Ramón Álvarez Palomo, entonces consejero de Pesca, relató años después, en su libro «Rebelión militar y Revolución en Asturias», este suceso con un arranque un tanto eufemístico: «Con el fin de descongestionar las cárceles, fueron trasladados al buque "Luis Caso de los Cobos" 500 presos procedentes de El Coto de San Nicolás y de la Iglesiona y, el mismo día (28-8-37), se envió a trabajos de fortificación, en el frente, a los componentes de una brigada penal». Según Geminiano Carrascal, en su libro «Asturias: 18 julio 1936, 21 octubre 1937», fueron 150 mujeres y 365 hombres los llevados al «Caso de los Cobos», donde vivieron jornadas infernales.

En los contornos de estos sucesos, «el avance del enemigo estaba calculado en un promedio de 6 kilómetros diarios, aun cuando no falta quien asegura que llegó a andar los 10. A menos terreno, mayor nerviosismo», explicaba Zugazagoitia. Por ello, agrega, «el Consejo Soberano extrema hasta donde puede las medidas de rigor. No se sabe por qué suerte de extravío de la razón, cuando se proyectan medidas severas se las relaciona con los presos». Así era. Como hiciera «ya el Gobierno de la Generalidad», continúa el ministro, el Consejo Soberano establece que el Tribunal Popular de Asturias entenderá por vía sumarísima de los delitos de espionaje, traición y derrotismo. De las penas de muerte tomará conocimiento el mismo Consejo y no el Gobierno de la República. Otra medida, luego corregida, del «Gobiernín» despreciado por Azaña.

J. Morán


Publicado en: La Nueva España, 26 de agosto de 2007.
Fuente: La Nueva España.