Una soberanía en tiempos explosivos
La medida, tachada de cantonalista en Asturias y de rebeldía por Azaña, fue más de índole práctica que de voluntad nacionalista
A finales de agosto de 1937, Asturias era un territorio «rodeado de enemigos por todas partes, menos por una... el Comité de No Intervención». La frase, en parte irónica por lo que respecta a la Francia y a la Gran Bretaña que se integraban en dicho Comité, había sido pronunciada por el teniente coronel Francisco Galán, militar republicano destinado en el Norte tras haber luchado en la defensa de Madrid, y que sería nombrado jefe del cuerpo XIV del Ejército pocos días después de producirse la declaración de soberanía del Consejo de Gobierno de Asturias y León, a las 24 horas del día 24 de agosto de 1937.
Las palabras de Galán las recoge Juan Ambou, entonces consejero asturiano de Instrucción Pública, en su obra «Los comunistas en la resistencia nacional republicana». Ambou admite que la situación en el Norte era desesperada, después de que Santander hubiera sucumbido al ataque de doce días de las fuerzas nacionales.
Pero Ambou, comunista, deja caer también con esa frase de Galán que la declaración de soberanía no era sino un paso previo a la rendición que estudiaban los socialistas del Gobierno republicano de Asturias, y que, según algunos mandos militares, ya se estaba tramando aquellos días con franceses e ingleses.
No hay pruebas de ello, pero los posibles indicios reforzaban en Ambou la idea de que la soberanía del Gobierno presidido por el socialista Belarmino Tomás era el mecanismo para que tuvieran las manos libres durante una hipotética retirada.
Hubo retirada poco menos de dos meses después, el 21 de octubre de 1937, cuando las columnas de las Brigadas Navarras entraron en Gijón por la carretera de Villaviciosa y se dio por vencido el frente Norte, leal a la República. Retirada más caótica que organizada y sin intervención paliativa de fuerzas extranjeras.
Frente a la idea de Juan Ambou de que la declaración de independencia asturiana había sido el encubrimiento de intenciones torcidas, otros miembros de aquel Consejo soberanista, como el anarquista Ramón Álvarez Palomo, consejero de Pesca, defendieron que dicha declaración no fue tomada con premeditación estratégica, sino que había sido reclamada por «una situación realmente excepcional y explosiva».
¿Cuáles fueron los motivos veraces de aquella decisión?
Claramente, no fue el preámbulo de un proceso constituyente soberanista, ni parecía que la preocupación nacionalista o secesionista hubiera estado en la agenda de los gobernantes asturianos desde el advenimiento de la II República o desde el estallido de la guerra civil.
En Asturias no existía conciencia nacionalista, y en aquel agosto de 1937 era una región en guerra contra un numeroso y bien pertrechado Ejército nacional que ya rozaba su frontera oriental al tiempo que miles de refugiados vencidos en el País Vasco y en Santander entraban en su territorio.
Sobre el inexistente segregacionismo y nacionalismo astur predicaba alguno de los informes que, tras la declaración de soberanía, el Gobierno de Belarmino Tomás había remitido al Gobierno de la República. «Un cuerdo sentido nacional ha presidido siempre nuestros actos. Ni sentimentales imperialismos, ni interesados separatismos pueden imputarse a Asturias. Asturias y León han cimentado la unidad nacional».
La soberanía aparecía como una medida práctica, aunque muy discutida y tachada por el Gobierno de Manuel Azaña como rebeldía inconstitucional.
Dentro de Asturias fue calificada de «cantonalismo inconsecuente», según afirmación posterior de Rafael Fernández, miembro del Consejo Interprovincial de Asturias y León que se opuso a aquella medida tomada en la tarde del 24 de agosto de 1937.
Rafael Fernández Álvarez, militante del PSOE que entre 1981 y 1983 fue presidente del Gobierno preautonómico del Principado y que entonces era miembro de las Juventudes socialista Unificadas (JSU), se opuso a la declaración de soberanía apelando a que se rompía la unidad republicana del país y a que Belarmino Tomás disponía de competencias suficientes sin necesidad del cuño de soberanas.
El veterano político Rafael Fernández declararía años después que dio la impresión de que el Consejo asturiano quería colocarse a la misma altura que los vascos, cuyo PNV había asumido plenos poderes de defensa militar durante la campaña del Norte.
Los anarquistas, que apoyaron la declaración de soberanía, sostenían en su órgano impreso, el periódico «CNT», que «no queremos discutir de legalidades; la legalidad es un producto de mil causas y concausas».
El presidente del Consejo, Belarmino Tomás, cruzó telegramas con el Gobierno de la República, entonces en Valencia, y en uno de ellos proclamaba: «Iniciativa funciones plenas Gobierno fue obligada, debido deserciones Ejército, cuyos mandos eran primeros incumplir obligaciones militares. Tal acto no puede interpretarlo Gobierno como rebeldía. Deben conocernos suficientemente».
Tomás proseguía pidiendo calma: «Esté seguro procederemos todo instante gran serenidad. Nosotros no culpamos Gobierno de nada de lo que sucede Norte y son injustos al decirnos que nos declaramos cantón independiente, ya que nuestra única autoridad la reconocemos en Gobierno actual (...). Si Gobierno hubiese conocido situación en aquel momento, tengo la seguridad de que no nos trataría tan injustamente como lo hace».
Tomás incurre en contradicciones cuando afirma: «Soy su delegado, y si alguna determinación tomáramos antes de que ustedes la conocieran, tengan la seguridad de que se habría hecho en bien de la guerra y por estar tan distantes del Gobierno, pero siempre comunicándosela para que decidan en definitiva».
En cuanto a las circunstancias concretas previas a la declaración de soberanía, otro informe del Consejo Soberano, posterior a la caída de Asturias y recogido por Ramón Salas Larrazábal en su «Historia del Ejército Popular de la República», dice que «se hunde Santander y se viven unas horas durante las cuales no existe autoridad ninguna en el Norte leal. Se busca el paradero del gobernador de Santander. No se sabe dónde se encuentra la Junta Delegada del Norte. El Estado Mayor ha desaparecido. Llegan a la frontera de Asturias cientos y cientos de milicianos santanderinos y vascos en huida desordenada. Se impone implantar una autoridad; la que sea».
En efecto, el día 24 de agosto, Santander se derrumbaba ante la ofensiva nacional. Cayó el día 26. Es en ese momento cuando el general de la República Mariano Gamir, junto a miembros de la Junta Delegada de Santander, más otros militares y políticos republicanos salen de la capital cántabra en el submarino C-4, escoltado por el C-2, y llegan a Gijón esa misma noche. Asturias ya era soberana.
Pero la interpretación de Juan Ambou sobre la declaración de soberanía era contrapuesta, según dejó escrito en su citada obra: «La causa era sólo una: preparar la evacuación (...). Y, lógicamente, para organizar tal evacuación, los «soberanos» necesitaban tener la manos libres. ¡Ni el Gobierno podía inmiscuirse en los planes de evacuación!».
Ambou supone que se está negociando la rendición con el Comité de No Intervención, de manera que «parte de la escuadra inglesa y tal vez de la francesa protegerían la retirada». Y añade: «Otra vez los ingleses y monseñor Pacelli; los mismos que mediaron en Santoña para que fascistas italianos y nacionalistas vascos establecieran un convenio de evacuación. Estábamos, en fin, contra el espíritu de Santoña, que revoloteaba amenazador sobre nuestras cabezas». Apunta también que el alcalde anarquista de Gijón, Avelino González Mallada, «era partidario de una rápida evacuación».
Todo ello le sirve a Ramón Álvarez Palomo (en su libro «Rebelión militar y revolución en Asturias») para afirmar que «especulaciones leguleyas de todo tipo, precipitados análisis sobre la oportunidad del procedimiento legal; antecedentes constitucionales, sentimientos federales bruscamente reaparecidos y afanes regionalistas sirvieron a críticos de última hora» para juzgar «las intenciones que pudieron mover al Consejo Interprovincial de Asturias y León a declararse soberano».
En cambio, Palomo asegura que «¡era mucho más sencilla la cosa!», pues «prácticamente inexistentes las comunicaciones con la Junta Delegada, en Santander, que dejaba al garete la situación del territorio leal en el Norte, hubiese sido irresponsable y hasta delictivo que el Consejo de Asturias y León, único organismo legal con capacidad de movimiento, asistido por las fuerzas armadas de la zona y el apoyo de la mayoría de las organizaciones y población civil, no hubiese tomado las medidas que reclamaba una situación realmente excepcional y explosiva».
Eran las 10 de la noche, recuerda Álvarez Palomo, de aquel 24 de agosto cuando el Consejo de Asturias y León se reúne. Dos horas después, Asturias era territorio soberano.
J. Morán
Publicado en: La Nueva España, 25 de agosto de 2007.
Fuente: La Nueva España.
A finales de agosto de 1937, Asturias era un territorio «rodeado de enemigos por todas partes, menos por una... el Comité de No Intervención». La frase, en parte irónica por lo que respecta a la Francia y a la Gran Bretaña que se integraban en dicho Comité, había sido pronunciada por el teniente coronel Francisco Galán, militar republicano destinado en el Norte tras haber luchado en la defensa de Madrid, y que sería nombrado jefe del cuerpo XIV del Ejército pocos días después de producirse la declaración de soberanía del Consejo de Gobierno de Asturias y León, a las 24 horas del día 24 de agosto de 1937.
Las palabras de Galán las recoge Juan Ambou, entonces consejero asturiano de Instrucción Pública, en su obra «Los comunistas en la resistencia nacional republicana». Ambou admite que la situación en el Norte era desesperada, después de que Santander hubiera sucumbido al ataque de doce días de las fuerzas nacionales.
Pero Ambou, comunista, deja caer también con esa frase de Galán que la declaración de soberanía no era sino un paso previo a la rendición que estudiaban los socialistas del Gobierno republicano de Asturias, y que, según algunos mandos militares, ya se estaba tramando aquellos días con franceses e ingleses.
No hay pruebas de ello, pero los posibles indicios reforzaban en Ambou la idea de que la soberanía del Gobierno presidido por el socialista Belarmino Tomás era el mecanismo para que tuvieran las manos libres durante una hipotética retirada.
Hubo retirada poco menos de dos meses después, el 21 de octubre de 1937, cuando las columnas de las Brigadas Navarras entraron en Gijón por la carretera de Villaviciosa y se dio por vencido el frente Norte, leal a la República. Retirada más caótica que organizada y sin intervención paliativa de fuerzas extranjeras.
Frente a la idea de Juan Ambou de que la declaración de independencia asturiana había sido el encubrimiento de intenciones torcidas, otros miembros de aquel Consejo soberanista, como el anarquista Ramón Álvarez Palomo, consejero de Pesca, defendieron que dicha declaración no fue tomada con premeditación estratégica, sino que había sido reclamada por «una situación realmente excepcional y explosiva».
¿Cuáles fueron los motivos veraces de aquella decisión?
Claramente, no fue el preámbulo de un proceso constituyente soberanista, ni parecía que la preocupación nacionalista o secesionista hubiera estado en la agenda de los gobernantes asturianos desde el advenimiento de la II República o desde el estallido de la guerra civil.
En Asturias no existía conciencia nacionalista, y en aquel agosto de 1937 era una región en guerra contra un numeroso y bien pertrechado Ejército nacional que ya rozaba su frontera oriental al tiempo que miles de refugiados vencidos en el País Vasco y en Santander entraban en su territorio.
Sobre el inexistente segregacionismo y nacionalismo astur predicaba alguno de los informes que, tras la declaración de soberanía, el Gobierno de Belarmino Tomás había remitido al Gobierno de la República. «Un cuerdo sentido nacional ha presidido siempre nuestros actos. Ni sentimentales imperialismos, ni interesados separatismos pueden imputarse a Asturias. Asturias y León han cimentado la unidad nacional».
La soberanía aparecía como una medida práctica, aunque muy discutida y tachada por el Gobierno de Manuel Azaña como rebeldía inconstitucional.
Dentro de Asturias fue calificada de «cantonalismo inconsecuente», según afirmación posterior de Rafael Fernández, miembro del Consejo Interprovincial de Asturias y León que se opuso a aquella medida tomada en la tarde del 24 de agosto de 1937.
Rafael Fernández Álvarez, militante del PSOE que entre 1981 y 1983 fue presidente del Gobierno preautonómico del Principado y que entonces era miembro de las Juventudes socialista Unificadas (JSU), se opuso a la declaración de soberanía apelando a que se rompía la unidad republicana del país y a que Belarmino Tomás disponía de competencias suficientes sin necesidad del cuño de soberanas.
El veterano político Rafael Fernández declararía años después que dio la impresión de que el Consejo asturiano quería colocarse a la misma altura que los vascos, cuyo PNV había asumido plenos poderes de defensa militar durante la campaña del Norte.
Los anarquistas, que apoyaron la declaración de soberanía, sostenían en su órgano impreso, el periódico «CNT», que «no queremos discutir de legalidades; la legalidad es un producto de mil causas y concausas».
El presidente del Consejo, Belarmino Tomás, cruzó telegramas con el Gobierno de la República, entonces en Valencia, y en uno de ellos proclamaba: «Iniciativa funciones plenas Gobierno fue obligada, debido deserciones Ejército, cuyos mandos eran primeros incumplir obligaciones militares. Tal acto no puede interpretarlo Gobierno como rebeldía. Deben conocernos suficientemente».
Tomás proseguía pidiendo calma: «Esté seguro procederemos todo instante gran serenidad. Nosotros no culpamos Gobierno de nada de lo que sucede Norte y son injustos al decirnos que nos declaramos cantón independiente, ya que nuestra única autoridad la reconocemos en Gobierno actual (...). Si Gobierno hubiese conocido situación en aquel momento, tengo la seguridad de que no nos trataría tan injustamente como lo hace».
Tomás incurre en contradicciones cuando afirma: «Soy su delegado, y si alguna determinación tomáramos antes de que ustedes la conocieran, tengan la seguridad de que se habría hecho en bien de la guerra y por estar tan distantes del Gobierno, pero siempre comunicándosela para que decidan en definitiva».
En cuanto a las circunstancias concretas previas a la declaración de soberanía, otro informe del Consejo Soberano, posterior a la caída de Asturias y recogido por Ramón Salas Larrazábal en su «Historia del Ejército Popular de la República», dice que «se hunde Santander y se viven unas horas durante las cuales no existe autoridad ninguna en el Norte leal. Se busca el paradero del gobernador de Santander. No se sabe dónde se encuentra la Junta Delegada del Norte. El Estado Mayor ha desaparecido. Llegan a la frontera de Asturias cientos y cientos de milicianos santanderinos y vascos en huida desordenada. Se impone implantar una autoridad; la que sea».
En efecto, el día 24 de agosto, Santander se derrumbaba ante la ofensiva nacional. Cayó el día 26. Es en ese momento cuando el general de la República Mariano Gamir, junto a miembros de la Junta Delegada de Santander, más otros militares y políticos republicanos salen de la capital cántabra en el submarino C-4, escoltado por el C-2, y llegan a Gijón esa misma noche. Asturias ya era soberana.
Pero la interpretación de Juan Ambou sobre la declaración de soberanía era contrapuesta, según dejó escrito en su citada obra: «La causa era sólo una: preparar la evacuación (...). Y, lógicamente, para organizar tal evacuación, los «soberanos» necesitaban tener la manos libres. ¡Ni el Gobierno podía inmiscuirse en los planes de evacuación!».
Ambou supone que se está negociando la rendición con el Comité de No Intervención, de manera que «parte de la escuadra inglesa y tal vez de la francesa protegerían la retirada». Y añade: «Otra vez los ingleses y monseñor Pacelli; los mismos que mediaron en Santoña para que fascistas italianos y nacionalistas vascos establecieran un convenio de evacuación. Estábamos, en fin, contra el espíritu de Santoña, que revoloteaba amenazador sobre nuestras cabezas». Apunta también que el alcalde anarquista de Gijón, Avelino González Mallada, «era partidario de una rápida evacuación».
Todo ello le sirve a Ramón Álvarez Palomo (en su libro «Rebelión militar y revolución en Asturias») para afirmar que «especulaciones leguleyas de todo tipo, precipitados análisis sobre la oportunidad del procedimiento legal; antecedentes constitucionales, sentimientos federales bruscamente reaparecidos y afanes regionalistas sirvieron a críticos de última hora» para juzgar «las intenciones que pudieron mover al Consejo Interprovincial de Asturias y León a declararse soberano».
En cambio, Palomo asegura que «¡era mucho más sencilla la cosa!», pues «prácticamente inexistentes las comunicaciones con la Junta Delegada, en Santander, que dejaba al garete la situación del territorio leal en el Norte, hubiese sido irresponsable y hasta delictivo que el Consejo de Asturias y León, único organismo legal con capacidad de movimiento, asistido por las fuerzas armadas de la zona y el apoyo de la mayoría de las organizaciones y población civil, no hubiese tomado las medidas que reclamaba una situación realmente excepcional y explosiva».
Eran las 10 de la noche, recuerda Álvarez Palomo, de aquel 24 de agosto cuando el Consejo de Asturias y León se reúne. Dos horas después, Asturias era territorio soberano.
J. Morán
Publicado en: La Nueva España, 25 de agosto de 2007.
Fuente: La Nueva España.
Etiquetas: Guerra Civil
posted by Mazhuku | 12:33 p. m.
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